La Ley de Segunda Oportunidad o también llamada mecanismo de segunda oportunidad es un recurso legal al que ahora pueden recurrir las personas físicas, tanto particulares como autónomos, para aliviar sus deudas siempre que se cumplan ciertos requisitos, algo que antes estaba reservado solo a las empresas. De esta manera, esta ley suponía un nuevo punto de partida para aquellas personas físicas que habían fracasado al contraer innumerables deudas y se veían lastrados por no poder hacer frente a las mismas. Por ejemplo, si compraste tu casa por 300.000 euros y te va mal, el banco te la quita y la subasta por 200.000 euros, todavía deberás 100.000 euros al banco y estarás en la calle sin hogar. Ahora la Ley de Segunda Oportunidad pone fin a esa situación.

El principal objetivo es ofrecer una ayuda, una solución que facilite los pagos, a aquel que justificadamente ha sido un buen pagador, pero que en la actualidad está viviendo un bache económico, siempre y cuando se   proteja el derecho de cobro de los acreedores. Para poder acogerse a esta ley tienes que cumplir una serie de requisitos.

• Patrimonio escaso para pagar la deuda: Tiene que existir una justificación que pruebe que el deudor no cuenta con el patrimonio suficiente para hacer frente a sus deudas.
• Cantidad a pagar limitada: La cantidad adeudada no puede superar los cinco millones de euros.
• Actuar de buena fe: Las deudas deben haber sido contraídas actuando de buena fe. La buena fe no existiría si el deudor contrajo sus deudas sabiendo de antemano que no iba a poder pagarlas.
• Delitos económicos: Que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos, patrimoniales o de falsedad documental en los 10 años anteriores.
• Beneficio de exoneración de deudas: No haya obtenido el beneficio de exoneración en los 10 últimos años. Es decir, que no se hayan exonerado otras deudas por vía judicial en los últimos 10 años.
• Ofertas de trabajo: Que no haya rechazado ninguna oferta de trabajo que fuera acorde a su capacidad profesional en los 4 años anteriores.
• Inscripción en el Registro Público Concursal: Acepta ser incluido en el Registro Público Concursal, para que aquellos acreedores que tengan interés legítimo puedan averiguar la situación en la que se encuentra.

La sentencia del Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencia y ha modificado y ampliado las limitaciones de la Ley de Segunda Oportunidad.  Todo ello con el objetivo de configurar un procedimiento más eficaz, permitiendo así que los deudores conserven su vivienda habitual y activos empresariales. Alguno de los cambios más visibles en esta ampliación son los siguientes.

• Hay más rapidez en los procedimientos, actualmente la duración de los mismos se cerrará en el plazo máximo de un año. Antes podían alargarse hasta los 24 meses de duración.

• Eliminar el acuerdo extrajudicial de pagos para lograr acreditar la buena fe se traduce asimismo en una reducción del coste del proceso (al prescindirse de mediador concursal) y en un alivio en cuanto a la información a aportar. Por lo que el procedimiento sería más barato de lo habitual.

• El deudor podrá conservar su vivienda habitual siempre que aporte una propuesta de satisfacer los créditos no exonerables y parte de los exonerables.

• Con la nueva ampliación ahora es una realidad poder condonar deudas públicas contraídas con la administración pública. Inicialmente, las deudas contraídas con las Administraciones Públicas, que mayoritariamente se refieren a deudas con Hacienda y con la Seguridad Social, no eran exonerables a través de la Ley de Segunda Oportunidad. Esto imposibilitaba a los autónomos o profesionales a tener una verdadera segunda oportunidad.

• A partir de septiembre de 2022 los juzgados serán quienes obliguen a los acreedores a excluir de los datos a los clientes exonerados. En definitiva, esto supone una salida inmediata de los ficheros de morosidad e informes de riesgos financieros.

En conclusión, la reforma concursal aprobada el pasado mes de agosto está generando bastante optimismo entre abogados y profesionales del sector. Las ventajas que la ley de la segunda oportunidad ya venía ofreciendo eran innegables, no obstante, la agilización y simplificación del camino a la exoneración para las personas en situación de insolvencia supone un beneficio extra. La sentencia del Tribunal Supremo aumenta así la eficacia de la ley de segunda oportunidad para que las personas salgan de la bancarrota y puedan reintegrarse lo antes posible en la vida económica del país.

Esperamos que os haya resultado útil este artículo sobre la Ley de Segunda Oportunidad.